El pasado 30 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó una moción presentada por PSOE y Unidos Podemos para pedir que se exima de la denominada regla de gasto a los ayuntamientos con sus cuentas saneadas.

Desde el año 2012, los Ayuntamientos de España están sometidos a una regla de techo de gasto en virtud del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La norma dicta que la variación del gasto de las corporaciones locales -también la Administración Central y de las Comunidades Autónomas- “no podrán superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española” que fija el Ministerio de Economía anualmente. En la práctica, la regla de gasto impide a los ayuntamientos saneados aumentar su gasto por encima de esta cifra.

Además, se advierte de que cuando exista “un desequilibrio en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto púbico computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económicos-financieros”.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado en varias guías cómo determinar la Regla de Gasto para Corporaciones Locales.

 

Más libertad para los ayuntamientos cumplidores

El texto de la moción aprobada en el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a “promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales y, en particular, la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea”.

En esta línea, se pide eximir de su aplicación a las entidades locales que dispongan de sus cuentas saneadas y, en concreto, a “aquellas que presenten un superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días”.

Además, se solicita excluir los límites impuestos a los fines para que las entidades locales saneadas puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio a “promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de igualdad, políticas de juventud, etc.”.

En el cuarto punto, la moción pide suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento “no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad” y “analizar el impacto del coste financiero soportado por las entidades locales para impulsar un abaratamiento de estos costes y el saneamiento de la deuda municipal”.

Por último, se insta a modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos de la Administración Local hasta alcanzar el 150% en los servicios de interés prioritario y el 100% en el resto.

Aunque la moción aprobada en el Congreso no es vinculante para el Gobierno, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no ha tardado en pedir al Ejecutivo que “haga caso al Parlamento” y que permita “promover una reforma de la Ley Orgániza 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique el diseño y aplicación de la regla de gasto”.

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha recordado que las administraciones locales son la “única administración que cumple los parámetros financieros fijados, después de habernos apretado el cinturón más que nadie”, lo que, entre cuestiones, se traduce en un superávit de cerca de 28.000 millones de euros acumulados desde 2012.